Mal de muchos

El siguiente artículo apareció el martes en la página Expansión.com.  Ese sitio se dedica a comentar la economía y la política.  Es largísimo pero lo reproduzco aquí porque examina lo que pasa ahora en la Plaza de España desde afuera, con datos y con mucho conocimiento de la economía.

Miles de ayuntamientos españoles están al borde de la quiebra. En total, las entidades locales alcanzaron en 2009 un récord de deuda de 34.595 millones –un déficit equivalente al 0,5% del PIB– de los que 28.770 corresponden a los consistorios y 5.825 a las diputaciones, consejos y cabildos insulares, según los datos divulgados el mes pasado por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Esto ha disparado la morosidad de las administraciones, sobre todo a empresas y proveedores, y con mayor virulencia en Andalucía. Es en esta región donde más se percibe la crisis social desencadenada por la recesión económica. El caso del sevillano Antonio Díaz Lorente, gerente de la empresa de obras públicas Aroa, condensa esta incómoda realidad.

La situación límite en que le han situado siete ayuntamientos cercanos a Sevilla le ha obligado a tomar la vía radical de la huelga de hambre. Desde hace 15 días este empresario permanece apostado frente al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) como protesta por los 555.887 euros que el Consistorio debe a la entidad por unas obras públicas realizadas en 1998. "Yo no me moveré de aquí, y mis trabajadores se turnarán para hacerme compañía", afirma Antonio.

Aunque, doce años después, los tribunales hayan dictaminado una sentencia judicial firme que obliga a los pagos, Díaz y sus 400 empleados siguen sin cobrar un céntimo. Y por si fuera poco, el Ayuntamiento pretende abonar la deuda en los próximos 15 años, a razón de 70.000 euros anuales.

Es decir, que Aroa recuperaría su dinero nada menos que tres décadas después de las obras de marras. Un lapso monstruoso si se tiene en cuenta que la nueva Ley de Contratos del sector público impone a las administraciones que paguen sus deudas en un plazo máximo de 60 días.

Nada más lejos de la realidad: el informe divulgado la semana pasada por Intrum Justitia (disponible en Expansión.com), señala que la Administración Pública tarda 153 días de media en saldar sus facturas, 14 días más que en 2009 y 90 más que la media europea. El estudio afirma que si los entes públicos pagasen a tiempo, inyectarían 10.600 millones de euros a la economía.

En numerosas ocasiones, el PP ha solicitado que el Plan E emprendido por el Gobierno – que suma 13.000 euros entre 2009 y 2010– se destine a tapar estos millonarios agujeros.

Los siete ayuntamientos –seis sevillanos y uno gaditano– deben a la compañía de Antonio Díaz un total de 6.948.517 euros (el 80% de la facturación de Aroa en 2009), una cifra que los intereses seguirán engordando sin remisión. Hasta ahora, éstos integran un monto de 1.125.711 euros del total general.
Después del de Castilleja de Guzmán, el más moroso por antigüedad es el de San Fernando (Cádiz), que después de las movilizaciones ha comenzado a hacer frente a sus deudas. Cazalla de la Sierra es el siguiente en la lista, con 13.678 euros a deber tras el levantamiento en 2004 de un instituto público.

La siguiente deuda procede de 2005, cuando Aroa construyó 42 viviendas oficiales en Albaida de Aljarafe por valor de 123.166 euros. A continuación, la construcción de un centro de Asuntos Sociales, 19 VPO y un colegio público en Santiponce obliga a su consistorio a pagar 402.630 euros desde 2006, 2007 y 2008, respectivamente.

El Real de la Jara, que debe 225.903 euros por 16 naves industriales construidas en 2006, también forma parte de la lista negra de Antonio Díaz. Burguillos se lleva la dudosa palma de abultar la deuda más grande (5.559.036 euros) por la construcción en 2007 de 20 viviendas protegidas y un hotel-escuela que abonó a la constructora con unos pagarés que fueron devueltos.

"Llevamos 9 meses dando vueltas y exponiendo nuestro caso al presidente del Gobierno, a la Casa Real, al presidente de la Junta de Andalucía, a la delegada del Gobierno, al Defensor del Pueblo Andaluz, al presidente de la Diputación...sin resolvernos nada al respecto".

La frase procede del comunicado con que Aroa quiere explicar su situación a los cuatro vientos. Y algo han conseguido. "Hoy mismo he hablado con unos veinte medios de comunicación", aseguraba Antonio Díaz la misma tarde que instalaba la tienda de campaña de la que no piensa apartarse, arropado por los gritos de reivindicación de 70 de sus fieles empleados, que visten camisetas con el lema ¡No puedo más!

Según Díaz, al Gobierno le sería mucho más rentable saldar los 7 millones de deuda con su empresa que hacer frente a los gastos por desempleo de los 400 empleados que se quedarán en la calle si la compañía se precipita al cierre.

Para empezar, porque sólo en prestaciones por desempleo el Estado tendría que desembolsar más de 500.000 euros al mes, además de que las arcas públicas dejarían de percibir un monto aproximado de 250.000 euros mensuales por cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF. "En total", matiza el gerente de Aroa, "la Administración tendría que afrontar unas pérdidas tres veces superiores a la deuda actual en tan sólo un año".

Al borde del abismo
• Fundada en 1985, Aroa S.L. es una empresa clasificada para hacer obras de las Administraciones Públicas.
• La deuda total contraída por los siete ayuntamientos asciende a 6.948.517,22 euros.
• En caso de quiebra, abonar el desempleo de los 400 trabajadores supondría a las arcas públicas un gasto de 500.000 euros al mes.
• El Estado dejaría de recaudar por Seguridad Social e IRPF un total de 250.000 euros mensuales si dichos empleados se quedan sin trabajo.

Puedes ver el artículo original en http://www.expansion.com/2010/05/25/economia-politica/politica/1274813001.html