Condenado un técnico municipal que permitió 'invadir' zonas verdes

El periódico El Mundo ha publicado la siguiente noticia hoy. Es importante recalcar que NO se trata del técnico municipal actual, sino alguien que ejerció hace unos años.

Un técnico municipal de Castilleja de Guzmán ha sido condenado a pagar una multa de 2.880 euros por emitir varios informes que permitieron "invadir" con viviendas 2.500 metros cuadrados destinados a dominio público, zonas verdes y viales.

La sentencia del juzgado penal 13 de Sevilla dice que el acusado J.D.M.Q. emitió varios informes favorables, en 1997 y 1998, sobre los aumentos de edificación en la zona de la Divina Pastora de esta localidad del extrarradio de Sevilla.

"Con sucesivas correcciones al proyecto, se fueron aprobando incrementos de zona edificable que llegaron a ser de 2.500 metros cuadrados, que se han obtenido del dominio público en beneficio de los particulares que lindaban con determinados viales y zonas verdes", sostiene la sentencia. Tales espacios públicos "han sido invadidos causando un perjuicio a la cosa común", añade.

Precisa el fallo que "en unos casos las zonas verdes han desaparecido y en otros los viales han sido alterados", siempre con informes favorables del técnico municipal y pese a las advertencias de ilegalidad procedentes de la consejería andaluza de Obras Públicas al Ayuntamiento.

El acusado solicitó al juzgado Penal que decretase el archivo de esta causa porque ya había sido juzgada por la Audiencia de Sevilla, pero la sentencia señala que, pese a tratarse de la misma urbanización, en aquella ocasión el técnico fue condenado por permitir la construcción de una vivienda unifamiliar en un suelo calificado como equipamiento sociocultural.

En este caso, los informes del procesado permitieron la invasión de viales o zonas verdes y un exceso de superficie de uso residencial y privado, incumpliendo la normativa vigente en Castilleja de Guzmán, según la sentencia.

Las alteraciones que se consumaban con respecto a las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes eran "evidentes", dice el veredicto, que añade que por su condición de técnico municipal el acusado "no podía desconocer" esa ilegalidad.

La sentencia aplica al procesado la atenuante de dilaciones indebidas en la administración judicial, dado el tiempo transcurrido desde que en 2005 empezaron a investigarse los hechos, y por ello le impone una multa de 16 meses con cuota diaria de 6 euros, lo que hace 2.880 euros, así como ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.